El juez Francisco Salazar Silva desestimó ayer las acusaciones contra Diego «N», estudiante de 19 años del Instituto Politécnico Nacional (IPN), relacionadas con la manipulación de imágenes de mujeres mediante inteligencia artificial (IA). Pese a ello, Diego continuará en prisión preventiva por otros delitos vinculados con pornografía infantil.
Acusaciones y fallo judicial
El caso inició en octubre de 2023, cuando Diego «N» fue detenido tras hallarse en su iPad más de 166 mil fotografías y 20 mil videos manipulados con IA, además de material pornográfico, incluido contenido infantil. Según las autoridades, el acusado distribuía este contenido en grupos de Telegram, obteniendo ganancias por ello.
Ocho víctimas presentaron denuncias en su contra. Dos de ellas acusaron directamente la manipulación de imágenes con IA, pero el juez desestimó estas acusaciones al considerar que no se pudo comprobar la responsabilidad directa del acusado.
“La sentencia no lo declara inocente; simplemente no se comprobó su responsabilidad”, explicó Valeria Martínez, abogada de las víctimas. No obstante, Diego enfrenta procesos legales por las otras denuncias y podría enfrentar hasta 24 años de prisión si es hallado culpable.
Implicaciones legales y desafíos en México
El caso ha puesto en evidencia las limitaciones legales de México en delitos digitales. La abogada Martínez subrayó que el país carece de herramientas jurídicas sólidas para abordar este tipo de casos. “La ausencia de ratificación del Convenio de Budapest deja a las autoridades sin métodos claros para recabar y resguardar pruebas de crímenes digitales”, señaló.
El caso representa un desafío jurídico, considerando el volumen de material involucrado y la falta de precedentes en el uso de IA para la manipulación de imágenes con fines de explotación.
Indignación de víctimas y familiares
Las víctimas expresaron su indignación por el fallo:
“Queríamos disfrutar nuestra vida universitaria, pero nuestras imágenes fueron usadas para explotarnos sexualmente. Ahora, el juez otorga impunidad”, denunciaron.
Familiares de las jóvenes criticaron la respuesta inicial del IPN y las fiscalías. “Las chicas fueron revictimizadas. El sistema no está preparado para estos casos, y la escuela no ofreció el apoyo necesario”, lamentaron.
Reacciones sociales
Colectivos feministas y organizaciones civiles han alzado la voz contra el fallo, exigiendo justicia para las víctimas y una reforma legal que permita enfrentar la violencia digital. “Este caso evidencia la urgencia de fortalecer las leyes para proteger a las mujeres en el entorno digital”, señalaron activistas.
