En una sesión de la Comisión de Organizaciones no Gubernamentales del Congreso del Estado de Puebla, los diputados aprobaron la creación de una Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en contra de menores de edad. Esta decisión se considera prioritaria debido a los riesgos que enfrenta la infancia en la actualidad.
Nancy Jiménez Morales, presidenta de la Comisión, explicó que presentó una iniciativa durante la Legislatura para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer una Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes. La propuesta fue remitida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posterior aprobación.
Jiménez Morales destacó que la propuesta busca implementar la perspectiva de infancia en las investigaciones, asegurando que se atienda el interés superior de la niñez. Durante la sesión, Renato Vélez Campos, presidente de la Asociación Voz y Fuerza México, enfatizó la necesidad de esta Fiscalía ante la alarmante situación del país, donde se estima que el 70% de los casos de abuso sexual infantil son cometidos por personas cercanas a las víctimas.
Vélez Campos mencionó que las víctimas de abuso sexual suelen sufrir secuelas a lo largo de sus vidas, y que es crucial actualizar la legislación local para prevenir la impunidad y establecer herramientas de prevención en favor de niñas, niños y adolescentes.
En sus intervenciones, los diputados Carlos Evangelista Aniceto, Javier del Valle Hernández y José Miguel Espinosa de los Monteros Gil reconocieron el esfuerzo de la sociedad civil y manifestaron su apoyo a la creación de la Fiscalía Especializada. A la sesión también asistieron los diputados César Enrique Hernández Mota y Gerardo Hernández Rojas, quienes expresaron su compromiso con la protección de la infancia.
La aprobación de esta Fiscalía Especializada representa un avance significativo en la lucha contra los delitos en contra de menores de edad en Puebla, reflejando el compromiso de las autoridades con la protección de los derechos de la infancia.
