En el Congreso del Estado se presentó un punto de acuerdo para solicitar al Ayuntamiento de Puebla que haga pública la información detallada sobre la contratación de un crédito por 440 millones de pesos, incluyendo su destino, condiciones y el impacto social y económico previsto.
La diputada Delfina Pozos Vergara presentó un punto de acuerdo por el que solicita exhortar al Ayuntamiento de Puebla para que, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, haga pública de manera clara, proactiva y accesible la información relativa a la contratación del crédito por 440 millones de pesos, incluyendo su destino específico y proyectos a financiar, el análisis costo-beneficio correspondiente al impacto social y económico esperado, así como la institución financiera contratante.
Consideró que el endeudamiento público, si bien es un instrumento legítimo para impulsar proyectos de inversión, debe regirse estrictamente bajo los principios de legalidad, eficiencia, responsabilidad hacendaria y máxima transparencia, tal como lo establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación en materia de disciplina financiera y acceso a la información pública.
Pozos Vergara recordó que el artículo 134 constitucional obliga a que los recursos públicos se administren con eficiencia, honradez y transparencia, mientras que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece que cualquier financiamiento debe destinarse a inversión pública productiva y contar con capacidad de pago, garantizando condiciones claras y responsables.
En ese sentido, la diputada enfatizó que la falta de información detallada sobre las condiciones del crédito, su destino específico, el análisis costo-beneficio y el impacto presupuestario, genera incertidumbre en la ciudadanía y puede comprometer la estabilidad financiera del municipio.
La legisladora señaló que este exhorto forma parte de las facultades de control y fiscalización del Congreso del Estado, como órgano de representación popular encargado de vigilar que las autoridades municipales actúen bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas.
