La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó el amparo promovido por la jueza Nancy Juárez, de Coatzacoalcos, Veracruz, que buscaba eliminar la publicación de la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF). En su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que el amparo carece de sustento legal y acusó a jueces y ministros de vulnerar el Estado de derecho para proteger privilegios.
“La Ley de Amparo es clara: no procede en contra de reformas constitucionales. Sin embargo, estos jueces están violando la ley, pretendiendo erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México”, señaló Sheinbaum, quien también reiteró que la reforma judicial seguirá adelante.
Sheinbaum anunció que el gobierno federal recurrirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para denunciar la actuación de la jueza Juárez, así como al Congreso de la Unión para cuestionar la legalidad del amparo. Además, acusó al Poder Judicial de actuar con corrupción al frenar leyes y políticas públicas diseñadas para beneficiar a la ciudadanía.
Por su parte, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, criticó el uso indebido de amparos para liberar a exfuncionarios como Emilio Lozoya y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y denunció prácticas de nepotismo y venta de exámenes dentro del Poder Judicial.
Rodríguez también destacó que jueces y magistrados han obstaculizado proyectos clave del gobierno, como el Tren Maya y la Ley de la Industria Eléctrica, y mencionó la falta de resolución para más de seis mil personas privadas de la libertad. “No es aceptable que jueces y ministros tengan salarios millonarios mientras frenan la justicia y protegen intereses particulares”, puntualizó.
La reforma judicial, impulsada como parte de la Cuarta Transformación, tiene como objetivo combatir la corrupción en el Poder Judicial y asegurar un sistema de justicia más eficiente. “Lo que quiere el pueblo de México es un Poder Judicial honesto, que permita justicia para todos, en especial para quienes menos tienen”, concluyó Sheinbaum.
Con esta postura, el gobierno federal reafirma su compromiso de continuar con las reformas judiciales y tomar medidas legales para que se respete el marco legal y la voluntad popular.
