Todos los partidos políticos en el Congreso de Puebla se pusieron de acuerdo para designar como titular del Órgano Interno de Control, antes Contraloría, a Antonio Vasconcelos Rueda, exdiputado panista con un amplio historial de cargos en gobiernos priistas, panistas y de Morena.
La LXII Legislatura, que comenzó el pasado 15 de septiembre, nombró por unanimidad al nuevo funcionario tras solicitar la renuncia de Julieta Hernández Vega, quien ejerció en la gestión anterior, encabezada primero por el actual gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y luego por Eduardo Castillo López, actual diputado federal.
Al frente del Órgano Interno de Control, Vasconcelos Rueda se encargará de supervisar, investigar y sancionar en materia administrativa a todo el personal del Poder Legislativo, incluyendo a las y los diputados, de oficio o a petición de parte, mediante quejas o denuncias.
Las faltas administrativas son aquellas que derivan del incumplimiento o mal desempeño de las funciones del servicio público, del uso indebido del cargo en beneficio propio o de particulares, o de la realización deliberada de actos no facultados por la ley.
Algunos ejemplos de faltas administrativas que pueden ser sancionadas son: faltar sin justificación al trabajo; utilizar vehículos, personal, instalaciones o recursos materiales del Congreso para uso personal o con fines electorales; ocultar bienes en la declaración patrimonial; o ejercer algún tipo de violencia contra el resto del personal, solo por mencionar algunas.
Si bien estas y otras acciones pueden ser investigadas por el Órgano Interno de Control, este también puede dar parte a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Auditoría Superior del Estado (ASE), al Instituto Electoral del Estado (IEE) o al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), en caso de que las faltas sean graves o constituyan delitos.
Por la importancia del cargo, en cada legislatura se ejerce control político sobre su actuación, designando a personajes afines al grupo mayoritario en el Congreso o a quien encabeza la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).
En el caso de Antonio Vasconcelos Rueda, su último cargo público fue en la administración del difunto exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, como director de Desarrollo Institucional Municipal de la Secretaría de Gobernación, primero bajo el mando de Fernando Manzanilla Prieto y luego con David Méndez Márquez.
Además, fue funcionario en las administraciones de los alcaldes panistas de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, en su primera gestión (2011-2014), donde fungió como director general del Sistema Municipal DIF, y Luis Eduardo Paredes Moctezuma (2002-2005), donde ocupó el cargo de subdirector de Obra Pública.
Su carrera en la función pública comenzó en el gabinete del entonces gobernador priista Manuel Bartlett Díaz, con quien ejerció como coordinador general de Participación Ciudadana del gobierno del estado.
Alistan relevo en la CDH
Por otro lado, la LXII Legislatura también prepara la renovación de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado, cuyo presidente, Félix Cerezo Vélez, concluirá su periodo de cinco años el próximo 6 de noviembre.
Aunque hace unos días el ombudsman solicitó formalmente ser ratificado por otro lustro, la presidenta de la Jugocopo y coordinadora de la bancada de Morena, Laura Artemisa García Chávez, desestimó esta posibilidad, señalando que se emitirá una convocatoria y el titular de la CDH tendrá que competir para ganar la reelección.
La diputada anunció este jueves que la convocatoria será publicada el próximo 15 de octubre, con los requisitos y etapas que establece la Constitución. Las personas interesadas podrán registrarse y deberán comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, la cual conformará una lista con los perfiles mejor evaluados para que la Jugocopo integre una terna.
Las tres personas finalistas serán puestas a votación en el pleno, y será designada al frente de la CDH la persona que reúna el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión.
