La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, considerada como un hito histórico en la lucha por el reconocimiento de estos pueblos como sujetos de derecho público. Con 492 votos a favor y ningún voto en contra o abstenciones, la reforma fue recibida con entusiasmo por los integrantes del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas (CNPI), quienes calificaron el acto como un avance clave en la justicia social para los pueblos del México profundo.
Reconocimiento histórico
La coordinadora del CNPI, Yaneth Cruz Gómez, agradeció la aprobación de la reforma y resaltó la importancia del momento, afirmando que este logro es fruto de décadas de lucha y resistencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. “Hoy nos despojamos de ser considerados menores de edad, dejamos de ser tutelados”, declaró, subrayando que la reforma permite que estos pueblos sean reconocidos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que les otorga mayor capacidad para gestionar su vida, sus territorios y su destino de forma autónoma.
Implicaciones de la reforma
La reforma constitucional no solo reconoce a las comunidades indígenas y afromexicanas como entes colectivos con derechos fundamentales, sino que también les otorga plena autonomía para organizarse, ejercer su libre determinación y desarrollar sus sistemas normativos. Se fortalecen, además, los mecanismos para garantizar el respeto a su patrimonio cultural, incluyendo la protección de su propiedad intelectual, la preservación de sus territorios, y la salvaguarda de sus lugares sagrados.
Asimismo, se destacan las disposiciones que garantizan la consulta y consentimiento previo, libre e informado, en consonancia con el derecho internacional, así como la creación de modelos educativos y de salud que integren las tradiciones y conocimientos de estos pueblos.
Proceso de consulta y diálogo
Uno de los puntos clave que destacó la Cámara de Diputados durante la discusión fue el proceso de consulta previa, libre e informada que se realizó en todo el país para construir el texto de la reforma. Este proceso involucró 54 asambleas regionales y un foro nacional en 2019, y 62 asambleas adicionales en 2021, lo que permitió a las comunidades indígenas y afromexicanas participar de manera directa en la definición de los derechos fundamentales que debían incluirse en la Constitución.
Protección para los pueblos afromexicanos
La reforma también contempla una serie de derechos específicos para las comunidades afromexicanas, incluyendo la protección de su identidad cultural y su patrimonio, así como el reconocimiento de sus aportes a la historia y cultura de México. Además, se establece su inclusión en censos y encuestas, lo que permitirá una representación más justa y precisa de su población en las políticas públicas.
Un llamado al Senado
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, la coordinadora del CNPI hizo un llamado a la Cámara de Senadores para que ratifiquen el dictamen y continúen con el proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. “Esperamos que estén a la altura de la demanda histórica”, expresó Cruz Gómez, confiando en que el Senado dará continuidad a esta transformación legal y social.
Espíritu de los Acuerdos de San Andrés
La reforma retoma el espíritu de los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996, que se centraron en los derechos y la cultura indígena, pero que en su momento no se implementaron de forma efectiva. Ahora, esta nueva disposición legal permite hacer viable el ejercicio de esos derechos en todos los niveles de gobierno, marcando un antes y un después en la lucha por la dignidad y la justicia para los pueblos indígenas y afromexicanos.
